MORAL LAICA: Una visión angular.

Ricardo Véliz Piña – Ingeniero Comercial

Definir a Chile como un país laico no resulta difícil para quienes aspiran a construir asertos en base a algunos elementos o valores, pero que desconocen otros que están lejos de ser integrados en este atributo. Para Henry Peña Ruiz[i], hay tres exigencias indisociables del Estado laico:

1. la libertad de conciencia, lo que significa que la religión es libre pero solo compromete a los creyentes, y que el ateísmo es libre pero solo compromete a los ateos;
2. la igualdad de derechos, que impide todo  privilegio público de la religión o del ateísmo; y 
3. la universalidad de la acción pública, esto es, sin discriminación de ningún tipo[ii].

En consecuencia, la lucha por el laicismo es la lucha por la emancipación de las conciencias y la abolición de cualquier tutelaje no tan sólo religioso, sino también económico y político, al ser ambos, elementos ideológicos con los que el poder regula y somete a la conciencia humana y a la opinión pública.

Si al retorno a la democracia, Chile hubiese aspirado a ser un estado laico, debió haber sido parte de sus preocupaciones la mantención y el desarrollo de los medios de comunicación que permitieran dar oportunidades de manifestación a todos los sectores de la sociedad, pues la libertad de expresión es el corolario de la libertad absoluta de conciencia.

La libertad es el derecho y la posibilidad real de decir, escribir y difundir las aspiraciones, las visiones y el pensamiento individual y colectivo. Por el contrario, la política comunicacional del Ejecutivo siempre ha favorecido, al contratar sus publicaciones, a las empresas periodísticas y de radio-difusión ligadas ideológicamente con la iglesia y el empresariado.

La censura ejercida por estos medios de comunicación de masas a cualquier iniciativa que involucre la promoción de valores contrarios a su visión de moralidad atenta a la debida información que caracteriza a un estado democrático. Y ya la historia del siglo XX nos mostró en innumerables ocasiones el efecto social de las aspiraciones totalitarias de concentrar la información y las comunicaciones como instrumento de manipulación y perversión del pensamiento.

Nuestro país aún no puede superar la retracción a la libertad de conciencia de los últimos decenios del siglo pasado y los discursos, resultan muchas veces una retórica sin contenido. Hasta hoy todavía no se repone la asignatura de Educación Cívica la cual tiene por objeto que los jóvenes puedan conocer nuestras instituciones, sus deberes y derechos, el respeto a la persona y los derechos humanos. En cambio, el currículo académico mantiene la asignatura de Religión como lo establece el Decreto Supremo Nº 924 del 12 de septiembre de 1983, con lo cual el Estado financia el proselitismo religioso y los valores de un sector ideológico.

Para la Iglesia, la enseñanza es un arma poderosa a la que no piensa renunciar, como negocio ni como herramienta de control de mentes, pues asume que su rol de guardiana de la voluntad de dios la hace interprete autorizada de su voluntad. Para ello, sus brazos políticos participantes de los dos grandes conglomerados o alianzas, obstaculizan y frenan cualquier iniciativa que promueva cambios en la afectividad, la educación, la salubridad, la sexualidad, el derecho y la economía.

Que un Estado sea laico va más allá de la mera “separación entre Iglesia y Estado”. Significa que el Estado sea capaz de elaborar una institucionalidad que apunte a la libertad, la igualdad y la justicia de toda la población. Que los derechos estén garantizados en un cuerpo legal que permita a cada uno la práctica de sus creencias religiosas, pero sin estar inspirado en ninguna, sino en la razón y el conocimiento científico que brinde a cada uno de los hombres la satisfacción plena y el debido desarrollo.

Significa que el país elabore sus políticas ―particularmente las sociales―, al margen de toda valoración religiosa, a favor o en contra, que limite la gestión soberana de los distintos poderes del Estado e impidan el libre albedrío de cualquier conducta para asumir plenamente la tarea de crear y administrar un currículo educacional consecuente con dicho principio. Significa que la subsidiaridad debe ser reemplazada por la solidaridad que ve al otro con las mismas obligaciones y derechos. Significa, por último, que ser un país laico va más allá de constituirse como un Estado democrático, sino que también debe ser social.

 Aunque son muchos los avances jurídicos y legales que permitieron que Chile formalizara en el siglo pasado la separación entre Estado e Iglesia, la tarea realizada a la fecha no es suficiente y aún hay derechos que el país reclama con urgencia.

Pudiese parecer que las opiniones expresadas hasta aquí escapan a lo que deben ser las preocupaciones o el ámbito del laicismo. Pero si observamos cómo comprende la Iglesia[iii] a esta separación, podremos comprender por qué resulta tan difícil avanzar en las necesarias reformas que la población demanda.

La Iglesia reconoce como propia la iniciativa de separación de la Iglesia y Estado porque esta disociación  trae consigo la libertad personal, pero la separación con el Estado que distingue no equivale a la de religión y política, pues para la Iglesia, toda religión implica una “cosmovisión” del mundo, la sociedad y el hombre, y por ende también de la política[iv].

Continuaremos entonces con el nombre de Dios abriendo las sesiones del Parlamento, con oficios religioso en las Fuerzas Armadas y de Orden, existencia de capillas católicas en instituciones del Estado, enseñanza religiosa en las escuelas públicas, ceremonias religiosas oficiales en organismos públicos, simbología católica en entidades del Estado, aportes del erario fiscal para la construcción de infraestructura religiosa, concurrencia con poderes y recursos del Estado a actividades internas de la Iglesia Católica —investiduras cardenalicias y proclamaciones de santidad—, capellanías con cargo fiscal, liturgias en horarios de trabajo en la administración pública, aportes a entidades educacionales donde el evento pedagógico se declara manifiestamente para asentar la fe propia y la asignación de terrenos fiscales para construir lugares de culto.

Chile será laico cuando la ciudadanía avance en la comprensión de los valores y el desarrollo personal por sobre la preocupación del consumo. Cuando la correlación de fuerza en el Parlamento favorezca la real independencia del Estado y la de sus administradores mediante leyes que limiten el poder del dinero que desvirtúa la voluntad del pueblo. Cuando una educación fundamentada en las ciencias, remita al clero a los límites de su comunidad religiosa y a la abstención de imponer su concepción de la ley a partir de su concepción de la fe.