Julio Zuleta Farías, Doctor en Educación

La preocupación por la educación pública ha estado presente en muchos hombres notables que han dado identidad al país y, sobre todo, con la idea de otorgar dignidad a los sectores más desposeídos de la sociedad, permitiéndoles su desarrollo individual y social.

Destacan nombres como Bernardo O”Higgins, quien pone énfasis en la educación primaria porque solo con un pueblo consciente era posible comprender el Estado naciente; Manuel Bulnes, durante cuyo gobierno se funda la Universidad de Chile, la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Artes y Oficios; Domingo Faustino Sarmiento y los hermanos Gregorio y Miguel Luis Amunátegui, Valentín Letelier, Claudio Matte y José Abelardo Núñez, quienes establecieron las bases del Sistema de Instrucción Primaria, con la idea de educar al pueblo para sacarlo del analfabetismo.

 En este contexto, resalta asimismo la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria que, bajo la presidencia de Juan Luis Sanfuentes, entra en vigor el 26 de agosto de 1920  –hace justamente un siglo– y constituye la respuesta que el Estado da a los altos índices de analfabetismo que tenía nuestro país en ese entonces.

Sin embargo, ante esta loable intención hubo gran resistencia por parte de los sectores conservadores de la sociedad, porque veían en esta ley el peligro de que sus hijos asistieran a escuelas donde no se enseñara la religión católica y que no se respetara la moral aprendida en los hogares.

Por otra parte, la aplicación de la Ley, además, encontraba la dificultad de las familias populares para mandar a sus hijos a estudiar, puesto que requerían que sus hijos trabajaran para tener el sustento mínimo para vivir.

Lo señala Alejandro Venegas Carús, destacado profesor y escritor: “El atraso vergonzoso en la instrucción de nuestro pueblo tiene su causa en el espíritu conservador, clerical y las tendencias profundamente oligárquicas que han predominado hasta el presente (…) Por otra parte, los magnates de todos los partidos políticos y los aspirantes a tales no pueden mirar sin ojerizas, esa maldita instrucción que, redimiendo siervos, los ve dejando poco a poco sin inquilinos”.

Se comprenderá, entonces, lo difícil que habrá sido la promulgación de esta ley cuyo objetivo final era provocar un cambio en el sistema educacional y, de esta manera, contribuir al desarrollo social de toda la población y por ende de cada de uno de sus miembros.

La Ley de Educación Primaria Obligatoria estableció que el Estado es garante de la educación de los niños y niñas en los establecimientos educacionales y de la gratuidad de ese servicio; además, estableció la obligatoriedad de que tanto padres como apoderados enviaran a sus hijos a la escuela a lo menos durante cuatro años antes de que cumplieran 13 años.

Además, la normativa indicaba que “los menores que hubieran cumplido trece años sin haber adquirido los conocimientos de los dos primeros años de la educación primaria, deberán seguir asistiendo a una escuela hasta ser aprobados en las pruebas reglamentarias anuales, o hasta cumplir los quince años. Si obtienen una ocupación de carácter permanente, continuarán sometidos a esta obligación hasta los dieciséis años, debiendo satisfacerla en alguna escuela suplementaria o complementaria” (Ley N° 3654, 1920: 4).

La obligatoriedad de la escolaridad implicaba que los menores de 16 años no podían trabajar en fábricas y talleres.

La ley estableció, también, normas para el buen funcionamiento de los establecimientos educacionales que abarcaban aspectos referidos a los procesos pedagógicos y administrativos, como así también aquellas referidas a las obligaciones de los padres con respecto a la matrícula y a la asistencia escolar.

Esta ley, tan importante en el desarrollo de la educación chilena, nos invita a reflexionar en la educación pública actual, la que debe recobrar el espíritu de la ley en comento, en términos de atender las demandas de equidad social que permiten, por una parte, mayor cohesión social, atendiendo especialmente a los grupos vulnerados producto de las profundas desigualdades existentes y, por otra, facilitar la inserción al mundo de la cultura, al campo laboral y social, para que se pueda ejercer en propiedad un rol consciente, como estudiantes, trabajadores, padres, madres, hijos, dirigentes, etc.

Solo con un pueblo educado se estarán formando hombres y mujeres conscientes de su rol en la sociedad, donde puedan encontrar su realización personal en un ambiente de solidaridad, amistad, confianza, respeto y tolerancia.

En esas condiciones podremos decir con mucha fuerza que la educación es la Palanca para el Cambio Social.