La traemos a colación ya que consideramos que dicha frase tiene un gran componente moral en la vida personal y especialmente en el ejercicio de la vida pública y política de un país.

Si bien es cierto la vida de las personas se organiza y planifica en términos de fines y objetivos, los medios de que se hace uso para alcanzarlos, en ningún caso pueden afectar la moralidad de las otras personas. Esos medios no pueden afectar a otros en cuanto a la propiedad de sus bienes, afectarlos en cuanto a sus creencias, o limitarlos en cuanto a pensamiento o expresión; como tampoco en su emocionalidad.

Los medios que permiten alcanzar los objetivos deben ser moralmente valorados y reconocidos como legítimos, vale decir, que deben encontrarse amparados en la constitución y las leyes. La libertad individual o colectiva se limita cuando ella comienza a afectar la de los otros.  

Las personas no son perfectas, cometen errores, faltas y a veces, sin proponérselo, delitos. Se esperaría, (es una aspiración social), que primero, por medio de la familia, de la educación, de la sociedad y las culturas, desde temprana edad, niños se vayan formando y educando en valores, es decir, en formas de conducta aceptadas, en deberes y derechos.

Uno de los objetivos generales de la educación, es formar ciudadanos y ciudadanas. Esto significa que, al término de la educación secundaria, las personas jóvenes (adolescentes), hayan tenido la oportunidad de recibir libremente un abanico de valores y principios válidamente reconocidos, lo más amplios posibles, idealmente universales, y que mediante el proceso de aprendizaje y de la necesaria reflexión crítica, puedan libremente adscribir a ellos, o sentirse representados.

Este horizonte amplio constituido por los tres primeros ciclos educacionales, a los que todos los niños, niñas y jóvenes deberían poder asistir y participar activa y adecuadamente mediados por los y las profesionales de la educación, debe ser la herramienta, el medio para alcanzar significativamente los propósitos educacionales del conjunto de la sociedad.

Entre los propósitos educacionales que normalmente se destacan, ya lo hemos citado, sobresale la formación ciudadana. ¿Qué significa esto?

 Se trata, a nuestro juicio, que los educandos comiencen lo más temprano que les sea posible a asumir ciertas responsabilidades consigo mismo y con los demás; en la familia, en la escuela y por supuesto con el medio ambiente.

Responsabilidades se asumen cuando se organizan grupos de trabajo, de juegos, de liderazgo y participación. Se educa en ciudadanía, cuando a través de un conjunto de contenidos transversales y de actividades, se forma para la vida en una sociedad democrática.

La vida en una sociedad democrática implica que las personas adquieren deberes y derechos.

Los derechos son los que quedan definidos como garantías constitucionales para todos los habitantes de un determinado país. Son, por ejemplo, derechos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y mental; el derecho de igualdad ante la ley; el derecho de libertad de conciencia y de libre expresión, el derecho a la vida privada, el derecho de propiedad de bienes materiales y el de protección a vivir en un ambiente libre de contaminación, el derecho de reunión y de libre tránsito, por citar algunos.  

Por su parte, los deberes constituyen responsabilidades que se asumen con el objeto de asegurar los derechos de las demás personas. Mediante la educación y la formación en ciudadanía, se espera que todos sin excepción, cumplan con estas responsabilidades para proteger el bien común de los miembros de la comunidad y contribuir de esta forma a una convivencia social, armónica y solidaria.

Hoy, la sociedad chilena constata a diario la existencia de una fractura en la convivencia a que aspiramos alcanzar como ciudadanos.

Se trata de que todos los habitantes hagan suya una aspiración tan noble como lo es contribuir con nuestra conducta a esa armonía social. Se espera para todo ello, fundamentalmente, que las personas que se desempeñan en la función pública y privada del Estado, los líderes políticos, los representantes de las distintas organizaciones de la sociedad civil, tengan una natural conducta representativa de esa formación ciudadana que hemos descrito anteriormente.

No es tolerable, se cae en la permisividad, aceptar conductas reñidas con la probidad. No es lo deseable, pero podría aceptarse, la falta de preparación técnica como profesional y ciudadana que se observa en una gran cantidad de líderes políticos.

Los profesores sabemos que, ante la falta de preparación, bienvenido el estudio; que, ante la falta de preparación ciudadana, bienvenido el estudio de la Constitución Política, de sus leyes y reglamentos. Pero… ¿qué hacemos frente a los delitos en que incurren los políticos en su ejercicio ejecutivo, legislativo o como dirigentes?  Pareciera ser, que ya no se puede aceptar, como respuesta, que “les caiga todo el peso de la ley y esperar que las instituciones funcionen. 

No son suficientes las recomendaciones de ayer que asistan a clases de ética (¿?) Tampoco, aplicar la ley del “empate”, es decir, justificar el delito y la falta porque otros también incurren en ellas.

No. La formación ciudadana y en valores, implica que hay que actuar moralmente porque hay que hacerlo, como un imperativo moral. Sin comparaciones ni justificaciones.

Por ello, que uno esperaría que los partidos políticos y en los distintos grupos organizados de la sociedad, ante el manifiesto delito haya claridad de esos dirigentes, en cuanto no amparar y menos cerrar filas de apoyo por el solo hecho de ser militante o adherente a determinado grupo.

La única receta posible es mejorando la educación para una vida en democracia. Una sociedad que en su conjunto actúa pedagógicamente en cuanto a valores y principios universalmente aceptados. Una sociedad donde la administración oportuna de la justicia es para todos por igual. Una sociedad cuyo valor de la solidaridad no solo aparece frente a la catástrofe natural o en las campañas o colectas destinadas a reunir fondos para asistir a determinados grupos, sino que permanente, expresada en acciones, en las que el conjunto de la población se sienta interpretada y adherida.

Asumir la función pública otorga poder y una de las mayores responsabilidades, pues se trabaja para servir a los demás.

De las decisiones que se tomen, dependerán en gran medida, las esperanzas que tienen las personas más necesitadas de apoyo.  Por ello, es que, desde esta columna, hacemos un llamado a todos los candidatos, que aspiran a representar a sus electores, lo hagan con el rostro de frente y las manos limpias; que no haya promesas que no se puedan cumplir; que solo se trabaje por el bien general de todos conforme a la formación ciudadana que todos deberíamos tener, buscando siempre el diálogo, el acuerdo, y nunca justificando los medios para alcanzar objetivos mediados por la ideología y el fanatismo.