El fallo de la Haya: abogados chilenos acusan a Netanyahu de crímenes de lesa humanidad y genocidio
Edgardo Hidalgo Callejas, editor
La Corte Penal Internacional (CPI) , con sede en la Haya( Holanda, Países Bajos) se pronunció el 21 de noviembre de 2024 sobre el texto acusatorio que 620 abogados chilenos interpusieron, en diciembre del 2023, por el genocidio en la Franja de Gaza – con más de 42.500 muertos y más de 12.000 arrestos sin debido proceso.
Esta acción jurídica se presentó a raíz de la represión y masacre de la población civil impulsada por el gobierno de Benjamín Netanyahu (último mandato desde 2022), como respuesta armada a la masiva invasión efectuada a esos territorios palestinos perpetrada por el grupo islámico Hamas el 7 de octubre de 2023, y que trajo como consecuencia 1.195 muertos y 251 rehenes (al 4 diciembre de 2024 aún permanecen 100 de ellos sin recuperarse)
Un grupo de respetables abogados, entre los que se encuentra el prestigioso abogado Juan Banderas Casanova, tomaron la iniciativa y presentaron un documento acusatorio ante la Corte Penal Internacional, contra el gobernante israelí Benjamín Netanyahu, en su calidad de Primer Ministro y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Juan Manuel Banderas Casanova, Abogado egresado de la U. de Chile, Magister en Derecho por la Universidad de Montreal, Canadá; Licenciado en Derecho en Universidad de Salamanca, España; Fiscal del Comité de Inversiones Extranjeras durante 8 años y director de ProChile en París, Francia (2001-2006), integró el Panel de Arbitraje del CIADI, del Banco Mundial; profesor de Derecho Internacional Económico en postgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y de postítulo en la Facultad de Derecho de la U. de Chile.
Portal Citerior entrevistó al abogado Banderas para saber los alcances de la demanda ante la Corte Penal Internacional de la Haya.
¿Cómo se origina esta situación?
Cinco abogados chilenos, en su mayoría académicos y diplomáticos, decidimos no permanecer ajenos frente a la gravísima situación que se estaba produciendo en la Franja de Gaza. A diario veíamos en los medios como se asesinaba a civiles inocentes, principalmente mujeres y niños, y decidimos actuar. Nos dimos cuenta de que las manifestaciones que se efectuaban en numerosos países, principalmente europeos, por grandes que fueran, no eran suficientes para detener los horrores de esta guerra.
Es importante tener presente que nuestra demanda fue presentada ante una corte penal en contra de personas naturales muy bien determinadas. No es una demanda en contra del Estado de Israel y menos, en contra de su pueblo.
¿Quiénes forman el grupo de los cinco abogados?
El grupo está integrado por los exembajadores y académicos Nelson Hadad, Roberto Mayorga, Hassan Zerán, Rodolfo Marcone y yo. Es importante señalar que esta iniciativa tuvo un amplísimo respaldo. En efecto, junto a los cinco abogados ya señalados, que somos los patrocinantes, adhirieron a nuestra denuncia 620 abogados chilenos de diversas orientaciones políticas. Es preciso decir que nuestro trabajo ha contado con el apoyo del destacado abogado penalista, Juan Carlos Manríquez.
¿Y en el mundo político más formal, qué reacción hubo frente a la dictación de la orden de detención?
La reacción fue realmente impresionante. Encontramos un apoyo muy decidido en el mundo político, especialmente en el Senado. Es larga la lista de senadores que nos han acompañado en los puntos de prensa que hemos hecho, abarcando prácticamente todo el espectro político. Especial mención debo hacer del senador Francisco Chahuán que lidera el amplio apoyo del Senado, con las senadoras Paulina Vodanovic, Isabel Allende y Ximena Rincón y los senadores José Miguel Insulza, Iván Moreira, Gastón Saavedra, Alfonso de Urresti, entre otros. Es difícil encontrar un asunto internacional que haya suscitado un apoyo mayor, un respaldo más amplio y transversal que éste.
¿Qué importancia tiene la orden de aprehensión Internacional dictada y qué significa en la práctica?
Es de la mayor relevancia y ha causado un fuerte impacto que el máximo tribunal mundial para crímenes de guerra emita una orden de arresto en contra de un primer ministro en ejercicio de un país, que se autodefine como el más democrático y el principal aliado de Occidente en la región, por crímenes de guerra y contra la humanidad. No existe precedente de algo parecido.
En la práctica significa que los imputados son requeridos por la justicia internacional y si llegan a pisar el territorio de uno de los 124 estados que son parte del Estatuto de Roma, ese país está obligado a detenerlos y entregarlos a la Corte Penal Internacional para ser juzgados. En este sentido, es oportuno recordar las palabras del Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, que refiriéndose a la orden de detención ha señalado que es vinculante para todos los Estados miembros de la UE, “no es una decisión política, es una decisión de un tribunal de justicia internacional, y las decisiones de los tribunales tienen que respetarse e implementarse”. En otras palabras, podríamos decir que Netanyahu y Gallant son hoy prófugos de la justicia internacional.
Esta situación es también muy compleja desde el punto de vista de la política interior de Israel, donde muchos ciudadanos no se sentirán muy cómodos al tener a la máxima autoridad del país acusada de crímenes atroces y prófugo de la justicia.
¿En qué se basa la Corte Penal Internacional para dictar la orden de detención?
Los cargos que pesan contra Netanyahu y su exministro son gravísimos: crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en la Franja de Gaza. Se le acusa de atacar intencionalmente a civiles inocentes, principalmente mujeres y niños, utilizar el hambre como un arma en contra de la población palestina, impedir el acceso al agua, privar de electricidad y combustibles e impedir la ayuda médica a los enfermos y heridos.
Los hechos demuestran que ha habido, y hay, un claro propósito de exterminio del pueblo palestino.
¿No cree usted que Israel ejerció un legítimo derecho a la defensa, como lo habría hecho cualquier otro estado agredido?
Es importante aclarar que todos los que denunciamos los crímenes de Netanyahu y su exministro de guerra, condenamos enfática y resueltamente los actos terroristas cometidos por Hamas. Sobre eso no debe haber ninguna duda.
Junto con condenar el terrorismo de Hamas, decimos con igual fuerza, que Israel no ha ejercido legítimamente el derecho a defensa. El derecho a la defensa es un principio básico del Derecho Internacional y está regulado en el Art. 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Su regla fundamental es la proporcionalidad, es decir, la defensa debe ser proporcional al ataque sufrido y limitada a lo necesario para repeler el ataque. Asimismo, el estado que se defiende debe velar porque no se causen daños innecesarios, especialmente a la población civil. En el caso que nos ocupa, hemos entregado pruebas al tribunal que demuestran fehacientemente que no ha habido legítima defensa, sino que una brutal agresión a la población civil.
Para terminar, ¿por qué usted, que no es palestino ni judio, se comprometió en esta causa?
Soy un abogado que ha dedicado su vida a enseñar Derecho Internacional en diferentes universidades, tanto en Chile como en el extranjero y nunca había visto una violación más brutal de las normas que regulan la convivencia humana. No podíamos permanecer sin hacer nada frente al horror que mostraban los medios. Para nosotros constituye un imperativo categórico defender los Derechos Humanos, la paz y la justicia internacional, cueste lo que cueste. No se trata de ser o no miembro de la comunidad agredida. Es una cuestión humanitaria.
