La Descentralización es una posibilidad que se presenta con la aprobación de la reforma constitucional que establece la elección popular del cargo de Gobernador Regional.

Esto daría a las regiones la oportunidad de contar con liderazgos que sean más estables y legitimados, que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida para sus habitantes, potenciando un desarrollo territorial más justo y equilibrado en cuanto a lo que es el prorrateo de los recursos del país.

Permitiría, además, optar a una mayor igualdad de manera independiente de la región en donde se viva, donde se nazca, o simplemente donde a uno le tocó vivir.

Para esto, será necesario construir una nueva gobernanza territorial, que permita a los gobiernos regionales y locales poder materializar la equidad, la sostenibilidad y el desarrollo económico.

Esto requiere por lo tanto de una co-autoría entre los actores sociales y las autoridades locales o regionales sumando al mismo Estado.

Claramente, un rol fundamental lo constituye la participación ciudadana, pero que aún no se manifiesta de la manera que corresponde o que se necesita ,ya sea por desinterés,( lo que no se condice con la elevada participación del último plebiscito del 25 de octubre,) o por una falta de liderazgo claro, el cual ha sido un factor completamente ausente; desde el estallido social, que ya cumplió un año, no hay un partido político o persona a la cual atribuir el fenómeno de transformación social que estamos viviendo, sino que ha sido la espontaneidad de cada persona lo que ha ido promoviendo estos avances.

Hay que considerar que este tipo de cambio tan sustancial puede construirse desde el Estado hacia la sociedad civil, o puede construirse desde la sociedad civil hacia el Estado y como el problema que se pretende resolver con la descentralización impacta a la sociedad civil, es ella quien debe generar la propuesta.

De esta manera, se vuelve imperativo aunar criterios que nos permitan crear la visión del país que queremos construir con la descentralización, el cual debiera ser más igualitario y esperemos que también,- por qué no decirlo, más solidario y fraterno.

Toda esta igualdad sería en función de lo posible, ya que cuando estamos hablando de cada territorio, cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas que les son propias dada su geografía, su clima, en donde hay algunos más bondadosos que otros para ciertas actividades como la agricultura, a lo que se debe sumar el cambio climático, los recursos naturales, la infraestructura instalada.

Difícil sería pensar que la descentralización instale un mega aeropuerto en cada región, etc. Pero hay temas que son básicos y que son los que se buscan equilibrar, como la necesidad de un territorio que sea más bondadoso, o virtuoso, algo que podemos llamar un buen territorio en donde vivir.

Si hablamos de pobreza, esta no solo es del tipo monetaria, sino que según el Ministerio de Desarrollo Social, se habla de pobreza multidimensional, esa pobreza que abarca dimensiones como  educación; salud; trabajo y seguridad social; vivienda y entorno; redes asistenciales, acceso a bomberos, orden público, cohesión social; por lo tanto, en donde lo que se busca es que la suma de las partes nos lleve a lo que se puede manifestar como un desarrollo nacional sostenible.

Esto no significa que cada región tenga sus reglamentos propios, en el sentido de que estos corran por carriles propios y que no conversen con el resto de los territorios, ya que eso iría en contra de la necesidad de mantener a un territorio que sea integro a nivel país, sino que significa que cada región pueda aportar desde sus valores y riquezas en el más amplio sentido de la palabra al desarrollo país, haciendo uso de sus potencialidades y con la oportunidad de aprovecharlas con este enfoque, que les insisto, debe ser sostenible.

A nivel regional, por lo tanto, se debe contar con autoridades que de verdad sean representativas del territorio que van a liderar o van a representar; autoridades que conozcan bien la realidad, que conozcan las oportunidades y ventajas de su territorio para poder decidir  de manera autónoma, responsable e informada, por ejemplo, cuál va a ser el mejor modelo de desarrollo para su región, que por una parte beneficie a sus habitantes y por otra realice sinergia con los demás territorios en pos del desarrollo país.

La importancia del concepto de sinergia, parte con su significado, que es “trabajando juntos”, lo que permite propiciar un país que sea mayor que la mera suma de sus partes regionales, o sea que su efectividad sea mayor que si se actúa regionalmente y de manera separada, o compartimentada.

Las autoridades, por lo tanto, deben estar provistas, habilitadas, no solamente de recursos, sino que también de poder político; además, evidentemente de contar con los recursos necesarios para tomar decisiones independientes y que apunten primero al beneficio local y realmente atiendan las necesidades locales, en un marco de total transparencia en las decisiones que puedan tomar y transparentando cualquier conflicto de interés.

Con relación al tema ambiental y de las políticas de gobierno en temas de medio ambiente, se debe considerar a la política ambiental no solo como una estrategia que debe apuntar a la sostenibilidad de cada territorio, que evite las externalidades negativas y las negligencias en el uso de los recursos naturales, sino como una estrategia con profundas implicancias éticas que no se queden solo en el papel, ya que esta política se debe aterrizar y desarrollar basada en indicadores de cumplimiento de sus planes y programas relacionados.

En nuestro caso, es entendible la necesidad de contar con una descentralización que lleve los beneficios sociales a las regiones, beneficios que hacen de la Región Metropolitana el epicentro nacional y que se ha conseguido gracias a lo que podemos llamar una economía de escala, pero que nos está llevando a perjuicios que son notables, como una disminución de la calidad de vida.

Por otra parte, nuestro actual modelo ha llevado a que se genere una serie muy importante de conflictos territoriales regionales, derivados de la necesidad de satisfacer las demandas de recursos propios de las grandes ciudades y que repercuten a kilómetros, en localidades totalmente marginadas de los “beneficios de la ciudad”.

O sea, estamos beneficiando las necesidades de las grandes ciudades para que no colapsen en desmedro de la vida en regiones.

Desde el punto de la estrategia de la política ambiental, no solo basta con tener una visión país, sino que se debe considerar el contexto ético, ese contexto que nos lleva a pensar no de manera individual y local, sino que de manera solidaria y fraterna para con los demás territorios que conforman el todo nacional.

Esto lleva a un desarrollo sostenible, que propicie a presionar menos los recursos naturales, en específico los renovables y que tengan implicancias biológicas como la biodiversidad y la calidad de los ecosistemas, para que estos puedan realmente generar ciclos con una manifiesta resiliencia.

Si hacemos una sinopsis, hay que recordar que hasta 1994 las actividades económicas de nuestro país se desarrollaron en un contexto de prácticamente una completa ausencia de institucionalidad y normativa ambiental. Lo que no significa que no haya existido legislación ambiental previa; de hecho, desde el punto de vista jurídico, a principios del 1900 se dictaron normas que tuvieron por objetivo, por ejemplo, regular actividades que tenían incidencia ambiental, como fue una ley ícono en 1916 – Ley 3.133- sobre la Neutralización de los Residuos Provenientes de Establecimientos Industriales, que muchos años más tarde, con una modificación y derogación, crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Hay que hacer también el reconocimiento constitucional actual del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación como se especifica en el artículo 19 numeral 8, además de una serie de compromisos internacionales que forman este complejo sistema normativo ambiental.

A principios de los 90, la Democracia Cristiana, presentó un proyecto de Ley del Medio Ambiente y una Política Nacional Ambiental, que culminó su proceso en el año 1994, con la entrada en vigencia de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, que fue el primer cuerpo legal con perspectiva integral, que fijó criterios institucionales y regulatorios que comprometen, tanto las acciones del Estado como las del sector privado y de la ciudadanía.

De la política ambiental, su eje fue mejorar la calidad de vida de los habitantes. El problema se presentó porque la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) tenía la facultad de elaborar normativas y reglamentos para hacer cumplir la ley, pero tenía nulo poder fiscalizador y sancionatorio.

En 1998 se da a conocer la Política Ambiental del Gobierno de Chile, creándose posteriormente el Consejo de Desarrollo Sustentable, órgano asesor del Presidente de la República y que sirvió de evidencia al compromiso adquirido por Chile en la Cumbre de la Tierra del año 1992.

 Esta Política Ambiental que trató, pero sin mucho éxito, de instaurar la sostenibilidad acuñada como concepto en dicha cumbre, impone como principio el alcanzar el desarrollo sostenible a través de una protección ambiental integrada al proceso de desarrollo y no que no puede considerarse en forma aislada.

En cuanto al cumplimiento de programas de gobierno en medio ambiente, la candidatura del actual gobierno presentó diversos proyectos en esta área. Sin embargo, pese a la cantidad de ellos, aún falta por avanzar en cambio climático y otros temas que continúan en tramitación, o están en periodo de evaluación.

Dentro de lo destacable, está la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, con la finalidad de que se pueda contar con un servicio que lidere la conservación de la biodiversidad en Chile y cree un único Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), ya que de momento hay 5 ministerios que protegen a estas áreas: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía, Ministerio de Cultura, Ministerio de Bienes Nacionales y Ministerio del Medio Ambiente.

Sin embargo, este proyecto sigue en la Cámara de Diputados, calificado sin urgencia, y por ello se han tramitado unos pocos, cerca de 5 artículos de 145. El proyecto no ha superado sus grandes vacíos, como la falta de recursos económicos suficientes y de capital humano, falta de un mecanismo para asegurar inversión en infraestructura, proteger agua interna y no permitir minería. El resto, es un avance notable respecto a la situación actual.

Todavía quedan muchos aspectos pendientes en diversos ámbitos ambientales.

Lo que se está resolviendo actualmente, por ejemplo, es la ley de humedales urbanos, recientemente promulgada y que permite ingresar a un sistema de protección a aquellos humedales que están presentes dentro del radio urbano, como el caso de los humedales San Luis y O’Higgins en la comuna de Quilicura; o también temas relacionados a glaciares, el océano, cambio climático entre varios otros puntos, que van a requerir de regulaciones que sean más estrictas, para poder lograr un cumplimiento efectivo de esas normas que apuntan a su cuidado, protección y preservación.

Esto cobra relevancia, cuando, por ejemplo, existe una serie de controversias medioambientales que están creciendo aceleradamente en el país.

La expansión de la gran minería, junto a la disminución de “la ley”(porcentaje de mineral puro) en varios yacimientos, lo que lleva a ampliar los costos ambientales, debido a las nuevas prospecciones, su extracción, el procesamiento más extensivo y su transporte, tanto vertical como horizontal, que abarca varias aristas.

En la producción de fruticultura y viticultura, las exigencias de aguas compiten con la demanda para el consumo doméstico, o humano. Las plantaciones forestales han provocado gran daño en los bosques nativos, con muchas especies colapsadas por pérdida de su hábitat.

Finalmente, las exportaciones crecientes de recursos del mar han debilitado la biomasa oceánica y perturbado casi de manera irreversible ciclos de vida y redes tróficas, mientras la salmonicultura deteriora y contamina lagos, fiordos y canales.