En el año 2013, con motivo de las movilizaciones de los estudiantes secundarios denominada, la primera, como la “revolución de los pingüinos” ocurrida en el año 2006; y la de los estudiantes universitarios denominada como la del “invierno estudiantil” en el 2011, reflexionábamos respecto de la política educacional seguida por los gobiernos democráticos a partir de 1990.

Hace pocos días se cumplieron 10 años de una de las movilizaciones más multitudinarias y que no solo movilizó a los estudiantes universitarios, sino que involucró a distintas organizaciones no gubernamentales, a trabajadores del sector público, a los sindicatos, a las familias a los padres y en general a cientos de personas que se hicieron eco de las demandas de éstos, nuestros jóvenes estudiantes.

Lo rescato, pues las reflexiones que hacíamos en esa época tienen plena vigencia para inspirar, así lo esperaríamos, a nuestros compatriotas constituyentes encargados de redactar una propuesta de Carta Constitucional para Chile.  

A saber, consideramos que las políticas educacionales y sus objetivos, además de todas las consideraciones propias de las Teorías Educacionales, de la Ciencia Pedagógica y sus derivaciones y complementos con otros campos disciplinarios, son actos de justicia social, y como tales, se constituyen en un derecho que debe ser asegurado en la Constitución, toda vez que, en ella, se fijan los deslindes que dan origen a las políticas educacionales que deben ser definidas en conjunto con el parlamento e implementadas por parte del poder ejecutivo.  

Sin justicia social, se afecta la estructura del Estado, la de sus instituciones, la vida de las personas y su cotidianidad. La ausencia de justicia social encierra el germen del resentimiento, de la inequidad y de los sueños y expectativas de nuestros jóvenes. Si ayer los jóvenes no estaban “ni allí”, luego algunos de ellos expresando que no “les importa nada”, hoy algunos con lemas como que “hay que romperlo todo”. Como nada tienen, responden con violencia a la violencia que consideran que ejerce el Estado al privarlos de oportunidades.

Sus voces, manifestadas a través de distintas formas, ha tenido como resultado que todos los sectores de la sociedad reconozcan la importancia que tiene la educación para el desarrollo y consecución de las aspiraciones de las personas y de la sociedad toda.

EL ORIGEN DE LA CRISIS EDUCACIONAL E INSTITUCIONAL

( un poco de historia. )

Uno de los grandes hitos educacionales comparable con la implementación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, fue la reforma educacional del Presidente Eduardo Frei Montalva, que aumentó fuertemente la cobertura e incorporó al ámbito educacional, la teoría pedagógica, la planificación, la gestión de establecimientos educacionales y profesionalizó al Ministerio de Educación.

Su déficit fue que no se construyeran suficientes escuelas y liceos para responder a la demanda creciente por educación, con lo cual se dio paso a la diversificación del sistema educacional, donde las escuelas y colegios particulares y los de las congregaciones religiosas, aumentaron fuertemente su cobertura y autonomía, todo en desmedro del sistema público.

Posteriormente, al cabo de casi dos décadas, en la dictadura cívico militar, violentamente se acomodó el sistema educacional al modelo de economía de mercado que habían impuesto los admiradores de la ideología neoliberal. Se pasó abruptamente de un Estado que hacía suya la responsabilidad de la educación en todos sus niveles, a un Estado subsidiario que fomentó que la educación comenzara a ser transada como un bien de mercado, sin restricciones y regulación.

Para imponer el modelo, lo primero que se hizo fue destruir la idea de que la escuela, el liceo y la Universidad pública, eran eficientes y que el Estado era un mal administrador. Para ello, se trasladó las escuelas y liceos públicos a los municipios, los que no contaban con preparación estructural y profesional para hacerse cargo de la educación pública chilena. Lentamente se les fue privando de recursos, mientras paralelamente se implementaba un sistema escolar particular subvencionado, surgiendo así sostenedores de distintas procedencias que vieron la oportunidad de lucrar con la educación, toda vez que el sistema impuesto así lo consideraba. 

Por su parte la Ley de Universidades definió 8 carreras como propiamente universitarias, donde no estuvo la de Pedagogía; se cerraron las Escuelas Normales, se le quitó a la Universidad de Chile el Instituto Pedagógico y se permitió que los nacientes Institutos Profesionales formaran a los profesores.

Los docentes perdieron toda estabilidad laboral y como cada estudiante “vale” una subvención, el profesor perdió autoridad y de ser un referente pasó a ser objeto de mercado y no sujeto responsable de la educación. En cuanto al sistema terciario, se privatizó el Instituto Nacional de Capacitación, INACAP. Por su parte, a las Universidades de Chile y Técnica del Estado se les  quitaron sus sedes, confinándolas a la Región Metropolitana, se les disminuyeron sus recursos y se legisló para favorecer el sistema universitario particular.

De esta forma, la escuela, el liceo y la Universidad pública, que eran los medios a través de los cuales el Estado integraba a niños y jóvenes y favorecía la movilidad social, fue siendo destruida.

Instituciones públicas en las que se reencontraban los hijos de los obreros, de los funcionarios públicos y de los profesionales, bajo la perspectiva de un currículo nacional sustentado en valores y principios universales, fue siendo segregado: los pobres terminaron por educarse con los pobres y comenzaron a ser dirigidos por una nueva clase dirigente y política obsecuente con el modelo económico de mercado.

Las Instituciones educativas, donde se exaltaba el honor, la honradez y la solidaridad y donde cada estudiante dependiendo de sus propias capacidades se integraba a la sociedad, ya sea a estudios superiores o al mundo laboral, fue siendo aniquilada, y muchos jóvenes de la década de los 80 fueron condenados a patear piedras, como fue plasmado por el grupo Los prisioneros: “a mí no me enseñaron secretos, que a otros sí”.

En palabras del destacado político radical, Raúl Rettig, desapareció el Estado:

“Esa sociedad organizada, donde la comunidad plasma sus mejores esfuerzos en la defensa o la realización de ciertos valores fundamentales que responden a un tiempo y a un espacio, pero que se mantienen y trascienden. Valores que comienzan por la vida, pero no sólo la vida de la especie, sino de una vida para vivirla plenamente y para la cual ese Estado, debe ser capaz de disminuir las brechas de inequidad existentes. Capaz de avanzar en políticas tendientes a la eliminación de la discriminación y sus distintas formas de exclusión social. Un Estado, que exalta el valor de la libertad para concebir al hombre en su expresión genérica, como la expresión más elevada de la naturaleza. A la libertad como un valor consustancial al hombre, a la mujer, al joven y al niño, para que puedan manifestar y desarrollar sus potencialidades y alcanzar sus esperanzas”.

Entonces cabe preguntarse como ayer y hoy: ¿Tienen los niños del Chile de hoy, igualdad de oportunidades para acceder a la educación pre básica? ¿Y a la educación básica y media? ¿Y los jóvenes talentosos a la educación superior? ¿Es posible que las aptitudes naturales de los niños y jóvenes, no sean las que los promuevan, sino que el tipo de establecimiento educacional? ¿Es ético que un Estado obligue a un joven talentoso, pero vulnerable, que participa en un sistema educacional desigual y que, seleccionado por el mismo sistema para ingresar a una de las universidades del Estado, se vea obligado a endeudarse de la misma forma como si adquiriera un crédito hipotecario? Oponerse a ello,¿ acaso no es un acto de justicia.?

Lamentablemente, a partir de 1990 con el retorno a la democracia, los nuevos gobiernos y sus dirigentes tampoco cambiaron el modelo; lo asumieron como propio; lo maquillaron, continuaron con el subsidio y favorecieron las bases para fortalecer el lucro de la educación en todos sus niveles.

La Universidad de Chile y la Universidad de Santiago que eran financiadas en un 90% en el año 1970, pasaron a recibir una subvención directa cercana al 20%. Se concluirá, entonces, que las remuneraciones, la investigación científica chilena, el arte, la cultura y la formación de postgraduados, así como la extensión cultural se financian a costa del endeudamiento a que se vieron condenados los estudiantes universitarios y sus familias.

En el nuevo modelo, surgieron universidades privadas que matriculaban a 10.000 estudiantes sin selección y al término del año, la deserción alcanzaba al 60%. Todos esos estudiantes quedaron al menos endeudados en márgenes de los 2 millones de pesos sin haber recibido nada a cambio. Era de tal magnitud el negocio de las universidades que se comenzaron a transar en el mercado, constituyendo verdaderos holdings transnacionales. Políticos de todos los sectores vieron en el nuevo modelo la oportunidad para lucrar, formar parte de sus directorios e invertir en inmobiliarias, que les permitieron lucrar a costa de la juventud chilena. 

Al menos hoy, la reforma vigente del Sistema Educacional, impide el lucro o negocio en aquellas instituciones que reciben financiamiento del Estado en cualquiera de sus niveles. Se ha legislado también, a favor de la desmunicipalización y la creación de los Servicios Locales de Educación, de la gratuidad, equidad e inclusión, aseguramiento de la calidad de la educación, creándose toda una institucionalidad para ello: Superintendencia de Educación y Agencia de la Calidad para el sistema básico y secundario; Subsecretaría de Educación Superior, Superintendencia de Educación Superior que se unen a las ya existentes Consejo Nacional de Educación y Comisión Nacional de Acreditación.

Con todo ello se da respuesta institucionalmente a las demandas surgidas en los movimientos estudiantiles, del 2006 y del 2011. Es prematuro evaluar el éxito de esta reforma, ya que aún se encuentra en marcha y no termina de consolidarse. ¿Será suficiente para corregir la inequidad existente en el ámbito de la educación? 

Algo de esta inequidad vuelve a reaparecer con el llamado estallido social del 18 de octubre del 2019 y termina por desnudarse por la crisis sanitaria, quedando de manifiesto que el sistema público, en comparación con el particular, no disponía de los recursos tecnológicos para la educación telemática sincrónica.

Que los niños, niñas y jóvenes más vulnerables y otros de la llamada “clase media emergente”, no disponían de recursos tecnológicos propios y de un hogar para ser transformado en escuela, liceo o aula universitaria.  Ha quedado de manifiesto que frente a la disminución de los contagios por Covid-19, el retorno seguro a clases presenciales, sólo ha podido ser implementado por los establecimientos particulares y particulares subvencionados y no en el municipal y público. Entonces ¿se da respuesta una vez más a la inequidad en la educación?

En momentos en que se comienza a escribir la nueva carta fundamental, es legítimo considerar para el debate que debe darse, que consideramos que el Estado de Chile debe proteger la libertad de enseñanza y ampararla, pero no puede liberarse de su obligación de atender y financiar adecuadamente a su propio sistema educacional.

Chile ha cambiado y el mundo también. Asistimos a una sociedad que basa sus relaciones fundamentalmente en el conocimiento, la comunicación, la información, la incertidumbre, el cambio y un aprendizaje permanente. Una globalidad que no sólo favorece el libre flujo de capitales, sino que también: las relaciones entre las personas, las alianzas, la cooperación, la formación de redes estratégicas de investigación, de aprendizaje y la formación de grupos interdisciplinarios.

Asistimos a un reconocimiento creciente (y que bueno que sea así), a una pluriculturalidad, a una multiculturalidad y una transculturización, con lo cual finalmente los modos y conductas de las personas se ven profundamente influidos.

Los chilenos ya no seremos culturalmente lo que fuimos hace varias décadas.  Al nuevo contexto se suma la inequitativa distribución del ingreso y que, de no corregirse oportunamente, continuará la inestabilidad social y el descrédito de la institucionalidad chilena en todos los ámbitos de la vida nacional.  

Hoy se cuenta con los recursos y el Estado puede implementar un sistema educacional público para vertebrar a todo Chile. Un sistema público gratuito y diferenciado, abierto a todos sus niños y jóvenes. Un sistema con estándares de calidad que implique que el sistema privado compita con el público, como lo fue hasta 1980. Con definición de estándares de calidad, no solo para el currículo educacional, sino para la gestión y rendición de cuentas de todo el sistema, público y privado.

Proponemos un sistema de educación pública para que todos cuantos se hallen en edad escolar, sin excepción alguna, tengan real acceso al nivel correspondiente. Que la escolarización como proceso de formación contemple programas abiertos y flexibles para favorecer las relaciones interpersonales en ambientes de infraestructura pedagógicamente enriquecidos, para dar respuesta a las aspiraciones de los niños, niñas y jóvenes y donde puedan descubrir y desarrollar sus talentos naturales.

Un sistema que, como producto del logro de sus aprendizajes, los jóvenes puedan ingresar a los distintos niveles del sistema de educación superior para iniciar o continuar su formación profesional futura. 

Para la aspiración precedente, imaginamos un Estado que cuenta con una red pública interconectada de jardines infantiles, escuelas, liceos y universidades, tan amplia como se requiera para satisfacer las necesidades comunales, regionales y nacionales.

Un sistema educacional público con gratuidad para todos los niños, niñas y jóvenes en todos sus niveles, desde el Jardín Infantil hasta las Instituciones del Sistema terciario.

Un currículo abierto y flexible para los niveles de enseñanza obligatoria, básica y media como ya hemos señalado anteriormente, existiendo contenidos mínimos orientadores, a partir del segundo ciclo de la enseñanza secundaria, que permita la diversidad curricular para atender las necesidades y expectativas en cuanto a los talentos de los estudiantes.

Esto permitiría, por un lado, que alcancen el máximo necesario de objetos de aprendizaje para su integración social; y por otro, ofrecer un trato personalizado con el objeto de que los estudiantes puedan obtener el máximo de aprovechamiento conforme a sus propias necesidades, capacidades y talentos naturales. Contenidos mínimos obligatorios, pero suficientemente flexibles y diversos, que permitan nivelar apuntando a una base cultural ciudadana, cuyos objetivos sean entre otros, la cohesión social, la solidaridad, los derechos humanos, el respeto a la diversidad y el compromiso con el medio ambiente y la naturaleza.

Compensando las desigualdades de origen y favoreciendo la atención personalizada de niños y niñas que provienen de ambientes sociales desfavorecidos culturalmente y más vulnerables. 

Un sistema público cuyo sustento epistemológico es la laicidad. Pues el jardín infantil, la escuela, el liceo o la universidad, debe acoger en este sentido a todos   por igual. Esta concepción, que no ha sido ajena a nuestro país y que fue exitosa, asegura que, en las instituciones educativas de esta red pública estatal, impere la libertad de pensamiento y el libre examen de las ideas.

Un sistema público fundado en directrices morales contenidas en la Constitución Política del Estado que exalta, los valores del respeto, la tolerancia, el pluralismo, la libertad, la igualdad, el cuidado del medio ambiente y la práctica de la democracia y la ciudadanía.

La política educativa pública debe considerar los paradigmas de la modernidad, pues la mundialización nos exige proyectar ciudadanos provistos de una serie de competencias para que sean exitosos en el plano humano individual, en el plano de la convivencia colectiva y en el vocacional y profesional.

En este escenario, los perfiles de los estudiantes deberán definirse en contextos integrales, que permitan satisfacer las exigencias de un mundo cada día más interrelacionado y donde la movilidad estudiantil y de profesionales, el flujo de saberes, de servicios y de instituciones es hoy una práctica cotidiana y que continuará masificándose en los próximos años.

Por su parte, en el sistema educativo que proponemos, los profesores formados con estándares de calidad comprobados en todos sus ámbitos y bien remunerados, no sólo deberán ser capaces de dominar los contenidos de la propia disciplina, sino que, de adquirir conocimiento permanente de la teoría y la práctica de la enseñanza, lo cual les exigirá autoanálisis y evaluación de lo que hacen habitualmente, es decir deberán dar cuenta de su gestión docente.

Un profesional que toma conciencia y analiza críticamente sus propias ideas y creencias acerca de la enseñanza y el aprendizaje. Que se “ajusta” a la diversidad de necesidades, intereses y situaciones en que se involucran sus alumnos. Un docente experto en sus materias, pero que además es dinámico, reflexivo, crítico, flexible, tolerante, involucrado y consciente de su importancia en el quehacer educativo de su institución educativa. Un profesional docente, con competencias para su gestión pedagógica de aula, para participar colaborativamente en la gestión escolar de su institución educativa, así como en la gestión institucional. 

Hoy, es el momento para plasmar en la futura carta fundamental, que la educación es un derecho social y que el rol del Estado para la implementación de este derecho, es insustituible, lo que debería quedar plasmado en la Ley primera, como lo será la futura Constitución de Chile.

Se trata de un acto de justicia, se trata de una conducta moral. Asumimos que la solución a los problemas educacionales no puede ser abordada desde una óptica de oportunidad o de grupo. Tendremos la oportunidad histórica de participar en la vanguardia de los cambios a que nos invitan los jóvenes. No hacerlo, no sólo es injusto, sino que es inmoral.